Se construye un sindicalismo democrático en la era del Humanismo mexicano: Agustín Guerrero en la SCJN

El Licenciado Agustín Guerrero dictó una ponencia en el círculo de estudio convocado por la ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama, bajo el título “El sindicalismo y el derecho a la educación”. Guerrero inició su exposición saludando a los asistentes y a quienes seguían la transmisión por redes sociales, y aprovechó para destacar la decisión histórica reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Guerrero elogió la nueva conformación de la SCJN, señalando que la nación acertó al aprobar el voto popular para integrar el poder judicial. Enfatizó que la Corte, a la que ahora se puede llamar la “Suprema Corte de Justicia con mayúscula”, tomó una decisión que afecta a Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México.

El caso se centra en la resistencia del empresario a pagar impuestos durante casi todo el siglo XX. Su deuda original de 4,000 millones de pesos creció a cerca de 74,000 millones de pesos debido a los litigios. La SCJN tomó una decisión por unanimidad que afecta una parte considerable de esta deuda, entre 33,000 y 48,000 millones de pesos. Guerrero calificó esta resolución como un “mensaje muy poderoso para terminar con los privilegios” y el manejo leguleyo del marco legal, señalando que los ministros actúan como “ministros del pueblo” al no estar al servicio de intereses económicos.

La ponencia se centró en la evolución del sindicalismo en México, ubicando sus raíces en el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, quienes, a inicios del siglo XX, plantearon derechos laborales fundamentales como la jornada de 48 horas, derechos para mujeres embarazadas, y el derecho a la huelga y asociación, aunque estas ideas no estaban aún en la ley.

El primer elemento jurídico sobre derechos laborales fue un decreto de Álvaro Obregón en 1915 que estableció el concepto de salario mínimo para garantizar una vida digna al trabajador y su familia. Posteriormente, el Artículo 123 constitucional de 1917 consagró la relación obrero patronal, derechos de asociación, ingreso digno, prestaciones de salud y vivienda, y la jornada de 40 horas. El Artículo 123 estableció dos categorías: el apartado A (trabajadores privados, con derecho a huelga) y el apartado B (trabajadores del Estado, sin derecho a huelga, como militares, policías y burócratas).

Guerrero explicó que el régimen post-Revolución, el nacionalismo revolucionario (que se extiende de 1940 a 1980), diseñó un modelo de sindicalismo impulsado por el propio Estado. Durante esta época, hubo una creación importante de instituciones como el IMSS y el IPN (pensado para los hijos de los trabajadores).

Este periodo se caracterizó por una bonanza económica notable; en la década de los 60s, la tasa de crecimiento económico promedió 7%, y los salarios mínimos de la época equivaldrían hoy a unos 480 pesos diarios, permitiendo a las familias obreras cubrir todos sus gastos, incluso el único ingreso masculino.

Sin embargo, el Estado controlaba a los sindicatos a través de la “toma de nota” y la integración de líderes (que eran casi exclusivamente hombres) al sistema político como diputados y senadores (como la CTM con Fidel Velázquez). Las luchas sindicales independientes, como la de los ferrocarrileros de Demetrio Vallejo (1958) o la del magisterio encabezada por Otón Salazar, quienes exigían salarios y democracia sindical, fueron reprimidas, y sus líderes encarcelados.

A partir de los años 80, con la llegada del neoliberalismo, se operó un cambio de régimen. Este modelo promovió la privatización y desmanteló la política industrial. Se modificaron artículos constitucionales fundamentales (como el 27 y el 3ro).

La figura más perjudicial para los trabajadores fue el outsourcing (subcontratación), tolerada y promovida desde el año 2000, que permite a las empresas evadir obligaciones y abaratar el costo de la mano de obra. Los salarios se estancaron, con aumentos “miserables”, lo que obligó a las mujeres a integrarse al mundo laboral por necesidad económica. En este periodo también surgieron los sindicatos blancos o patronales.

Agustín Guerrero expuso los desafíos laborales actuales. México tiene una población de 126 millones, de los cuales 60.5 millones son población económicamente activa.

Un dato crucial es que solo 22.5 millones de mexicanos están en la economía formal (registrados en el IMSS). Esto significa que cerca de 40 millones de personas están en la economía informal, o en otras formas de ocupación que no ofrecen prestaciones ni seguridad social, un reflejo del modelo neoliberal.

Aunque la 4T ha logrado una recuperación del salario mínimo (ahora más del triple de los 80-83 pesos de hace siete años), el promedio de ingreso mensual en México para 2025 sigue siendo de 7,500 pesos. El promedio de ingreso de los jornaleros agrícolas, por ejemplo, es aún menor, de 4,740 pesos.

Un factor externo relevante es el T-MEC, que obligó a los sindicatos a elegir a sus dirigentes mediante el voto directo de los trabajadores. Sin embargo, el orador lamentó que, en el caso de PEMEX, a pesar de la salida de líderes corruptos (como Romero Deschamps), la base reeligió a su secretario de finanzas, demostrando la complejidad del cambio cultural.

Guerrero concluyó que la 4T debe generar una nueva política industrial y de empleo que revierta los números, logrando que la mayoría de la población esté en la economía formal para asegurar la calidad de vida y las pensiones de retiro. Señaló que la transformación política y económica requiere un punto de llegada claro.

Tras la ponencia, los asistentes comentaron la importancia del análisis. Se señaló que la tradición mexicana proviene de movimientos sociales y no de un sindicalismo obrero clásico. Varios participantes destacaron el papel de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como un ejemplo de organización militante y asamblearia, que sigue luchando por demandas economicistas y democráticas.

Guerrero reconoció que la CNTE, junto con la CONAMUP y la CNPA, forma parte de una generación de coordinadoras que surgieron a finales de los 70s y 80s, distinguiéndose por su toma de decisiones en asamblea y su enfoque en la base. Finalmente, enfatizó que la política laboral debe regirse por ética y dignidad, y que la impunidad (como el caso de Romero Deschamps) envía un mensaje negativo que daña la transformación.