El caso Ruffo no es político, es por contrabando y evasión fiscal. Ariadna Montiel

Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI, al PAN y a sus aliados de intentar presentar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como un “preso político”, con el propósito de desviar la atención de las investigaciones que enfrenta por un presunto esquema de huachicol fiscal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente morenista sostuvo que la estrategia de la oposición busca convertir a un imputado en víctima para evitar que el debate público se centre en los presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustibles y el daño ocasionado al patrimonio nacional.

Montiel afirmó que el caso no corresponde a una persecución política, sino a una investigación sobre un presunto mecanismo de introducción ilegal de gasolina al país mediante la simulación del cruce de trenes vacíos por la frontera, práctica que habría generado un quebranto superior a 4 mil millones de pesos al erario.

La dirigente de Morena también señaló que este esquema presuntamente pudo mantenerse gracias a resoluciones judiciales que permitieron continuar las operaciones de la empresa involucrada, pese a las acciones emprendidas por el Gobierno para frenar las actividades ilícitas. Añadió que las investigaciones llevan alrededor de un año y consideró que la defensa política del exmandatario panista obedece al temor de que el proceso judicial revele una red de corrupción de mayor alcance.

En ese contexto, Montiel sostuvo que el combate al huachicol fiscal debe desarrollarse sin privilegios ni excepciones, y reiteró el respaldo de Morena a las investigaciones que realizan las autoridades competentes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme al debido proceso.

El caso ha generado un nuevo intercambio entre el oficialismo y la oposición, luego de que dirigentes panistas calificaran el proceso como una persecución política, mientras Morena insiste en que las indagatorias están sustentadas en presuntos delitos de contrabando de combustibles y defraudación fiscal.