Congreso de Puebla aprueba armonización del marco jurídico electoral con enfoque en paridad y fortalecimiento municipal

Puebla, Pue. En sesión extraordinaria, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, con el propósito de armonizar la legislación local con las reformas constitucionales en materia electoral y municipal.

Entre los principales cambios destaca el fortalecimiento del principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos, así como la actualización de las reglas para la conformación de los cabildos, estableciendo un máximo de 15 regidurías, conforme al nuevo marco jurídico.

Reformas buscan un sistema electoral más actualizado

Las modificaciones aprobadas responden al proceso de adecuación de las leyes estatales a las reformas constitucionales impulsadas a nivel federal y local, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a los procesos electorales y fortalecer la representación democrática en los municipios poblanos.

Durante la misma sesión extraordinaria, las y los diputados aprobaron otras reformas para modernizar el funcionamiento del Poder Legislativo, incluyendo cambios a la Ley Orgánica del Congreso que permitirán retirar iniciativas antes de su dictaminación cuando hayan perdido viabilidad o respaldo político, favoreciendo la eficiencia y la economía procesal.

También aprueban reformas en turismo, administración pública y protección de la niñez

La jornada legislativa incluyó la aprobación de reformas para fortalecer el turismo deportivo, así como el turismo de salud y bienestar en Puebla. Además, se eliminaron atribuciones duplicadas dentro de la administración pública estatal para fortalecer las funciones del Archivo General del Estado y del Instituto Especializado de la Defensoría Pública.

Asimismo, el Pleno avaló modificaciones a la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para reforzar su protección frente al reclutamiento forzado, fortaleciendo el marco jurídico orientado a garantizar su desarrollo integral y contribuir a la construcción de una sociedad más segura.