Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno de México y ampliar el acceso ciudadano a la información sobre el uso de los recursos públicos.

La medida establece nuevos lineamientos para evitar que la publicación de documentos dependa únicamente del criterio de funcionarios o titulares de dependencias. Las reservas deberán justificarse por razones legales, de interés público o seguridad nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que el propósito es garantizar el principio de máxima publicidad establecido en el artículo sexto de la Constitución.

“Ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de una secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier secretaría”, explicó la mandataria.

El decreto representa una primera medida dentro de una estrategia más amplia de transparencia y combate a la corrupción. El Gobierno federal también prepara modificaciones a la Ley General de Transparencia, las cuales serán presentadas posteriormente.

Contratos públicos deberán actualizarse cada mes

Uno de los principales cambios será la publicación mensual de los contratos y convenios modificatorios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Hasta ahora, esa información se actualizaba trimestralmente. Con el nuevo esquema, la ciudadanía podrá conocer con mayor oportunidad qué compra el Gobierno, a quién se lo compra y bajo qué condiciones utiliza el presupuesto público.

La presidenta adelantó que el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia deberá reflejarse en un plazo aproximado de un mes.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que se incorporarán herramientas para facilitar la descarga de documentos y se utilizarán formatos más accesibles para su consulta.

El objetivo es que la transparencia no se limite al cumplimiento burocrático de una obligación, sino que se convierta en un instrumento efectivo de vigilancia ciudadana.

Pemex y CFE deberán abrir información de sus filiales

El decreto también amplía las obligaciones de transparencia de las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Las empresas públicas deberán difundir información relacionada con:

  • Estados financieros.
  • Contratos.
  • Gobierno corporativo.
  • Políticas de operación.
  • Informes presentados ante organismos o agencias extranjeras.

La apertura de estos datos resulta particularmente relevante porque Pemex y CFE administran recursos estratégicos que pertenecen a la nación y forman parte central de la política de recuperación de la soberanía energética.

Mayor información sobre auditorías y fiscalización

La estrategia presidencial contempla publicar información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, la situación de las auditorías y el seguimiento dado a las observaciones formuladas por los órganos internos de control.

También deberá transparentarse el padrón y la designación de los despachos externos encargados de realizar auditorías al Gobierno federal.

Buenrostro informó que se revisarán y simplificarán las causales utilizadas para reservar información. Incluso cuando una parte de un documento deba permanecer protegida, las instituciones tendrán que privilegiar la publicación de versiones públicas.

La reserva dejará de ser una puerta automática para ocultar expedientes completos y deberá aplicarse únicamente sobre los datos cuya protección esté plenamente justificada.

Convocan a estados y municipios a sumarse

Aunque el decreto está dirigido al Ejecutivo federal, el Gobierno de México convocó a las administraciones estatales y municipales, así como a los demás poderes públicos, a adoptar medidas similares.

La decisión busca extender el principio de máxima publicidad a todos los espacios donde se administren recursos del pueblo.

Con este decreto, el Gobierno de Sheinbaum enfrenta el desafío de demostrar que la reorganización institucional en materia de acceso a la información puede traducirse en más datos públicos, menor discrecionalidad y mejores herramientas para fiscalizar el poder.

La eficacia de la medida dependerá ahora de su cumplimiento cotidiano: que los contratos aparezcan completos y a tiempo, que las reservas sean excepcionales y que la información pueda ser consultada sin obstáculos por cualquier ciudadano.

Loading