Estabilidad o crecimiento económico ¿un falso dilema?

por Saúl Escobar Toledo

En materia de gasto e inversión pública, los gobiernos de Morena han sido más bien conservadores, preocupados por mantener la estabilidad de la economía, evitando devaluaciones bruscas del peso, cuidando el déficit fiscal, manteniendo una tasa de interés relativamente alta en relación con la de Estados Unidos (para frenar la fuga de capitales), y procurando que las reservas del Banco de México mantengan cuantiosos niveles.

Esta política se ha aplicado desde el primer año de gobierno de López Obrador y va a continuar en 2027 si nos atenemos al proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que envío el gobierno hace unos días. La “austeridad republicana” seguirá siendo la norma, como lo ha sido en todos estos años con la excepción de 2024, cuando el déficit púbico saltó del 3.4 al 5% del PIB y obligó al gobierno de Sheinbaum a un fuerte ajuste y bajarlo a 3.6% en 2026. Para el próximo año, la meta es reducirlo aún más,  a 3.4%

Debe señalarse que esta orientación conservadora ha ocurrido en condiciones internas y externas muy complejas. El triunfo de López Obrador en 2018 fue recibido con preocupación por las cúpulas empresariales. De manera alarmista, advirtieron riesgos de expropiaciones, gastos públicos exorbitantes, y medidas contra los empresarios y las empresas privadas.

En el ámbito externo, AMLO pronto tuvo que enfrentar los cambios de la política comercial de Estados Unidos debidos a la elección de Trump en 2016, y luego la pandemia en 2020-2021. Ya con Claudia Sheinabum al frente del gobierno, el nuevo mandato de Trump ha resultado mucho más agresivo que el primero.

Seguramente todas estas circunstancias han pesado en la conducción de la política económica., lo que ha conducido a elegir la estabilidad por encima del crecimiento económico. Sin embargo, la “austeridad” del gasto ha tenido repercusiones adversas. Ha frenado la inversión pública, la cual se ha mantenido en niveles muy reducidos; ha debilitado las instituciones públicas en renglones tan sensibles como salud, educación y trabajo; y ha afectado la creación de nuevas plazas laborales, alentado la expansión de las ocupaciones informales.

No obstante, al mismo tiempo, los sexenios de AMLO y Sheinbaum han procurado una política laboral que contrasta notablemente con los sexenios anteriores. El crecimiento del salario mínimo y las reformas laborales han, sin duda, beneficiado a millones de trabajadores lo que se ha reflejado en la caída de la pobreza laboral y un mejor equilibrio entre las utilidades y los salarios. Por su parte, los programas sociales, particularmente el de adultos mayores y las becas Benito Juárez, también han ayudado a mejorar los ingresos de las familias.

La apuesta por la estabilidad fue acompañada de medidas que han representado una mudanza indudable en comparación con la etapa anterior caracterizada como neoliberal. Se podría decir entonces que durante estos ocho años hemos vivido un estancamiento económico con distribución del ingreso. Un desarrollo más incluyente y al mismo tiempo menos productivo. O para decirlo con una frase simplista, el pastel se ha repartido mejor pero no ha aumentado de tamaño.

Lo anterior podría ayudar a entender por qué las políticas de la cuarta transformación han tenido como efecto un cambio de tendencia sin lograr una transformación estructural. Las mejoras en los ingresos de la familias no han logrado reflejarse en la superación de viejas desigualdades: en primer lugar, como ya se dijo, el aumento en términos absolutos y relativos de la ocupaciones informales; en segundo lugar, la brecha en materia de pobreza, empleo y capacidades productivas entre el Sur-sureste, especialmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y el eje geográfico más ligado al sector exportador que corre de Querétaro pasa por Jalisco y Aguascalientes hasta los estados fronterizos del norte del país. Tampoco se han cerrado otras brechas laborales y de ingresos, por ejemplo, entre hombres y mujeres; o entre jóvenes y adultos. Muchas de estas disparidades obedecen a la falta de empleos formales, de tal manera que otra manera de entender los resultados de las políticas de AMLO y Sheinbaum consiste en advertir que los salarios (en términos generales, medidos por el salario medio del IMSS) han corrido por un camino ascendente mientras que los empleos formales se han estancado. Esta divergencia representa quizás la falla principal de ambos sexenios porque en el mediano plazo (y quizás en el corto) no será posible sostener un aumento de los ingresos laborales cuando la oferta de puestos de trabajo es cada vez más insuficiente.

Los presupuestos de egresos, es decir la cuantía y composición del gasto público han sido, como es natural, instrumentos muy importantes para conducir la política económica bajo el modelo de “estancamiento redistributivo”.  Dos características los han distinguido: por un lado, la búsqueda de un déficit público cada vez menor, lo que ha llevado a restringir el gasto en áreas prioritarias y, sobre todo, en inversión pública en infraestructura. Por otro, el incremento presupuestal de los programas sociales de transferencias monetarias.

Así, por ejemplo, el PPEF 2027 los programas sociales prioritarios (principalmente transferencias monetarias) suman 1 billón 25 mil pesos, mientras que los de inversión alcanzan la suma de 560 mil millones de pesos. Para este año, el PEF aprobado por los diputados dispuso para el primer rubro 987 mil millones de pesos y para el segundo, los de inversión, 537 mil millones.

En el proyecto para el próximo año se ha tratado de corregir un poco esta situación, ya que los programas sociales tendrán un incremento en términos reales igual a la inflación (con la excepción de la pensión mujeres bienestar), mientras que las inversiones prioritarias (principalmente PEMEX y los nuevos trenes) crecerán en alrededor del 1%, aunque destacan los proyectos para Defensa y Marina que registran un brinco de más del 150% (nominales).

Los presupuestos, incluyendo el del próximo año, no sólo han estado presionados por la magnitud de los programas de transferencias monetarias; también, por el gasto en pensiones contributivas, lo cual es una paradoja pues fueron diseñados para ser financieramente sostenibles, un costoso fracaso que arrastramos desde finales del siglo pasado. En 2026 absorberán casi el 25% del gasto programable (es decir sin contar, principalmente, la deuda pública) y en 2027, se propone una erogación de proporciones similares.

Además, desde luego, está el peso de la deuda pública.  Para 2027 el SHRFSP (Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público) que es la clasificación más amplia que abarca la deuda contratada y por contratar, los intereses, el capital e incluso los Pidiregas y el IPAB, llegará a 55.0% del PIB, mientras que en 2026 se espera que alcance 54.0%.  Hacienda considera que seguirá subiendo hasta 56.5% en 2031 y 2032.

Lo anterior se debe a que los esfuerzos por conseguir  una mayor recaudación fiscal han ido en aumento, pero no han sido suficientes. La austeridad tampoco lo ha sido y en cambio ha afectado el crecimiento económico y las instituciones públicas. Las cúpulas empresariales y las agencias financieras extranjeras insisten en que el ajuste presupuestal debe ser mayor.

Bajo estas condiciones, el afán de preservar la estabilidad económica implica un costo social y productivo cada vez mayor. ¿Hay otra alternativa? ¿Una que promueva el crecimiento con estabilidad y una mejor distribución del ingreso? Diversos proyectos, incluyendo el llamado Plan México, pretenden alcanzar estos objetivos. Sin embargo, los gobiernos de la Cuatro T siguen entrampados en la opción de sacrificar el crecimiento en aras de la estabilidad como lo refleja el paquete económico para 2027.

No obstante, las circunstancias externas y las presiones sociales internas podrían llevar a un cuestionamiento del paradigma dominante.  Ya veremos como pintan las cosas después de los procesos electorales en Estados Unidos en noviembre y en junio del próximo año en México. 

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