Puebla, Pue.— Como parte de la estrategia para consolidar una gestión pública transparente, cercana y participativa, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, a través de la Contraloría Municipal, llevó a cabo labores de verificación en 40 jornadas de servicios organizadas por el Ayuntamiento, esto con la participación activa de personas contraloras ciudadanas.

De enero a junio de 2025, se supervisaron diversas actividades encabezadas por distintas dependencias municipales, entre ellas las Jornadas Imparables de Servicios Ciudadanos, a cargo de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana; Jornadas de Bienestar Animal, coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente; las Jornadas de Mujeres Imparables impulsadas por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género; así como Jornadas de Servicios Integrales y de Salud, estas últimas organizadas por el Sistema Municipal DIF. En todas se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos y la prestación gratuita y de calidad de los servicios.

La contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, destacó que estas acciones tienen como propósito garantizar la eficiencia, transparencia y legalidad en la atención brindada a la ciudadanía, fomentando además la corresponsabilidad mediante la vigilancia activa por parte de personas voluntarias.

Durante las jornadas se aplicaron mil 731 cédulas ciudadanas, lo que permitió evaluar directamente la percepción de usuarias y usuarios de servicios como consulta médica, análisis clínicos, mastografías, cortes de cabello, esterilizaciones, vacunación animal, planchado de cejas, colocación de uñas y actividades físicas, entre otros. Las personas contraloras verificaron también el cumplimiento de horarios, la correcta instalación de módulos, el trato hacia la ciudadanía y la accesibilidad de los servicios en colonias y juntas auxiliares.

Rivera Aranda reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con una administración eficiente y abierta, al señalar que el programa de Contraloría Ciudadana busca involucrar activamente a la población en la supervisión de programas y servicios, promoviendo una cultura de legalidad y participación.

Este ejercicio, subrayó, fortalece el vínculo entre autoridades y ciudadanía, y contribuye a una gestión pública más cercana a las necesidades reales de la población.

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