Foto extraída del sitio de Gobierno de México. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó oficialmente una serie de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la Ley de Obras Públicas, con el objetivo de simplificar y hacer más eficientes los procesos administrativos, fortalecer la transparencia, reducir costos, e incentivar las cadenas productivas nacionales. Estas medidas forman parte del impulso al llamado Plan México, que busca un mayor desarrollo económico con un enfoque en la producción interna y el fortalecimiento del mercado nacional. Durante la presentación, Sheinbaum destacó que estas modificaciones legales buscan reducir los tiempos burocráticos que hoy obstaculizan la ejecución de proyectos importantes. De acuerdo con su explicación, muchas obras se retrasan innecesariamente debido a procesos administrativos extensos que impiden iniciar construcciones a tiempo, lo que también afecta el ejercicio del presupuesto disponible. “El objetivo de estas modificaciones es hacer una mayor trazabilidad. Y segundo, agilizar los procesos…”, explicó, subrayando la intención de eliminar trabas que impiden el uso eficiente de los recursos públicos. También señaló que estos cambios son clave para garantizar un uso más transparente y responsable del dinero público, facilitar mejores precios en las adquisiciones gubernamentales y apoyar a la industria nacional. “…mayor trazabilidad para evitar corrupción, y también otras acciones que nos ayudan también a conseguir precios más accesibles de los productos…”, puntualizó, resaltando el enfoque estratégico del Plan México en el fomento del consumo interno. Foto extraída del sitio de Gobierno de México. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, agregó que estas reformas tienen como meta central hacer más eficaces y transparentes los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, además de modernizar los sistemas actuales para que sean más accesibles y eficientes. En lo que respecta a la Ley de Adquisiciones, se incorporan nuevas modalidades que permiten al Estado obtener mejores condiciones de compra. Entre ellas se encuentra la subasta inversa, que promueve la competencia a la baja en los precios; así como la adjudicación directa basada en estrategias de negociación que optimicen el valor de los productos y servicios. Se incorpora también el modelo de diálogo competitivo, útil cuando no existe una oferta clara en el mercado. “Todo esto, como dijo la Presidenta, el diálogo, la apertura hace que sea mucho más eficiente a la hora de hacer los procesos…”, subrayó Buenrostro. Se reforzarán las compras consolidadas y los acuerdos a gran escala, aprovechando el poder de negociación del Estado para reducir costos. Además, se impulsarán diálogos estratégicos para garantizar condiciones óptimas, especialmente en productos con alto nivel de innovación. Con estas medidas, el Gobierno no sólo busca ahorrar, sino también alinear sus compras con una política industrial que fortalezca el mercado interno. Uno de los puntos clave es que al menos el 65 por ciento del contenido de lo que se adquiera deberá ser de origen nacional, lo que fomentará el desarrollo de las cadenas de valor y la producción local. También se contemplan medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a cooperativas, mediante mecanismos como pagos anticipados, licitaciones exclusivas y acompañamiento técnico y administrativo. Foto extraída del sitio de Gobierno de México. Por otra parte, se presentó una actualización del sistema CompraNet, que dejará de ser sólo una plataforma administrativa para convertirse en un sistema moderno con una Tienda Digital, que facilitará el acceso directo de los proveedores al mercado público, promoviendo eficiencia y competitividad. En cuanto a las modificaciones propuestas para la Ley de Obras Públicas, se plantea una colaboración más estrecha entre el Gobierno y el sector privado. La finalidad es que, a través de diálogos estratégicos, los proveedores puedan conocer a fondo los proyectos desde su etapa inicial, lo que permitirá hacer propuestas más acertadas y específicas. También se incorporan las investigaciones de mercado como parte obligatoria del proceso, lo que aportará mayor transparencia y permitirá evaluar la viabilidad y eficiencia de cada obra. Además, se establece que los supervisores de obra serán responsables solidarios, reforzando así la rendición de cuentas y asegurando que los proyectos se ejecuten con calidad y dentro de los tiempos establecidos. Se espera que los plazos de contratación se reduzcan hasta en una tercera parte, acelerando el inicio y conclusión de las obras públicas. Como parte del enfoque regional del Plan México, se otorgará preferencia a las empresas locales para promover la economía en cada región del país. Buenrostro también señaló que las reformas refuerzan el control y la transparencia en los contratos entre gobiernos, ya que actualmente las leyes permiten adjudicaciones directas sin licitación entre instituciones públicas. Con la nueva legislación se limitará la subcontratación a no más del 49 por ciento del contrato y se requerirá que toda la información relevante esté publicada en CompraNet, con el fin de evitar esquemas de corrupción como los ocurridos en la llamada Estafa Maestra. 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