México, el mundo y la responsabilidad de gobernar

Por Arturo Martínez Núñez

En las últimas semanas, el debate público en México ha girado con fuerza en torno a un tema que no es nuevo, pero que hoy adquiere una relevancia particular: la relación del país con el mundo y, de manera específica, con Estados Unidos. Se trata de una discusión que va más allá de la coyuntura diplomática o de los vaivenes del comercio internacional. En el fondo, lo que está en juego es la manera en que México decide ejercer su soberanía, proteger su economía y asumir su papel en un escenario global cada vez más incierto.

El contexto internacional no es sencillo. La guerra comercial, el endurecimiento de las políticas migratorias, la relocalización de cadenas productivas y las tensiones geopolíticas han modificado las reglas del juego. En este escenario, México ocupa una posición estratégica: somos vecinos de la principal potencia económica del mundo, una de las economías más abiertas del planeta y, al mismo tiempo, un país con profundas desigualdades regionales que exigen políticas públicas sensibles y eficaces.

Durante décadas, la relación con el exterior se concibió desde una lógica de subordinación. La apertura económica se presentó como una solución automática al desarrollo, sin considerar sus impactos sociales ni territoriales. Los resultados están a la vista: crecimiento insuficiente, regiones enteras marginadas del progreso y una dependencia estructural que limitó la capacidad del Estado para planear a largo plazo. Hoy, esa visión está siendo cuestionada con mayor claridad. En este marco, la conducción del país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado sobre la mesa una postura distinta: una relación internacional basada en el respeto, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales. No se trata de confrontación gratuita ni de aislamiento, sino de asumir que México tiene derecho a definir sus prioridades económicas, energéticas y sociales sin presiones indebidas.

Este debate adquiere un significado particular en el sur del país. Estados como Guerrero han resentido históricamente los costos de un modelo de desarrollo que concentró la inversión y el crecimiento en pocas regiones. Acapulco es un ejemplo claro: durante años fue símbolo de modernidad turística, pero también de abandono institucional, desigualdad y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. La reconstrucción y reactivación económica del puerto no pueden desligarse del contexto nacional e internacional en el que se toman las decisiones de inversión, financiamiento y cooperación.

Hablar de soberanía, desde esta perspectiva, no es un ejercicio retórico. Implica preguntarse quién decide el rumbo del desarrollo, bajo qué condiciones llega la inversión y qué beneficios reales genera para la población. Implica también reconocer que la política exterior y la política económica interna están profundamente conectadas.

Otro de los ejes centrales del debate actual es la seguridad. El crimen organizado opera hoy con una lógica transnacional: tráfico de armas, de drogas y de personas que no reconoce fronteras. México necesita cooperación internacional, sí, pero bajo principios claros: corresponsabilidad, respeto a la soberanía y atención a las causas estructurales de la violencia.

El respaldo a la conducción presidencial no debe entenderse como un acto acrítico. Apoyar un proyecto de nación implica también exigir resultados, señalar omisiones y corregir errores, especialmente en aquellos gobiernos estatales y municipales que no han estado a la altura de las expectativas generadas por la transformación nacional. Desde el sur, donde las decisiones tomadas a nivel federal e internacional se sienten con mayor intensidad, este debate no es ajeno ni abstracto. Es parte de la vida cotidiana, del empleo y de la posibilidad real de un futuro con mayor estabilidad.