Seguridad y soberanía: México no negocia su dignidad

por Arturo Martínez Núñez

La discusión política más importante de esta semana no se libra en el terreno electoral ni en el de las reformas administrativas. Se libra en un plano más profundo y decisivo: la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones externas, particularmente de Estados Unidos, bajo el argumento del combate al crimen organizado. Lo que está en juego no es solo una estrategia de seguridad, sino la dignidad política del Estado mexicano.

Las voces que desde Washington insisten en una mayor intervención directa en territorio mexicano repiten una fórmula conocida y peligrosa: externalizar responsabilidades, simplificar el problema y colocar a México como responsable único de una crisis que tiene raíces profundas en el consumo, el tráfico de armas y la descomposición social del propio Estados Unidos. No es cooperación lo que se propone, es tutela. Y eso, sencillamente, es inaceptable.

En este contexto, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y políticamente firme: cooperación sí, subordinación no. No hay ambigüedades ni dobles discursos. La seguridad del país se define en México y se ejecuta con instituciones mexicanas. Defender esa posición no es un gesto simbólico; es una definición estratégica que rompe con décadas de subordinación disfrazada de alianza.

Conviene decirlo sin rodeos: la intervención extranjera nunca resolvió los problemas de seguridad en México. Por el contrario, los agravó. La llamada “guerra contra el narco”, impulsada bajo modelos importados, dejó un saldo de violencia desbordada, fragmentación criminal y comunidades enteras atrapadas entre el abandono del Estado y la disputa de los grupos armados.

México enfrenta un fenómeno criminal complejo, pero también cuenta hoy con un Estado más fuerte, con mayor capacidad de inteligencia, con fuerzas armadas disciplinadas y con una estrategia que comienza a atacar las finanzas del crimen, sus cadenas logísticas y su control territorial. No es un camino inmediato ni espectacular, pero es un camino propio, y esa es la diferencia fundamental frente a las recetas del pasado.

Este debate no ocurre en el vacío. Se da en un momento en el que ciertos sectores internos —políticos, mediáticos y económicos— parecen más dispuestos a amplificar la presión extranjera que a cerrar filas con su propio país. Hay una oposición que, incapaz de construir un proyecto nacional alternativo, apuesta al desgaste del gobierno incluso si eso implica erosionar la soberanía. Esa actitud no es crítica democrática: es irresponsabilidad política.

Los grandes medios que acompañan esta narrativa no informan, editorializan. Construyen un relato permanente de colapso, incapacidad y miedo, donde cualquier acción del gobierno es insuficiente y cualquier presión externa aparece como salvación. Son los mismos medios que guardaron silencio cuando el país se desangraba bajo gobiernos anteriores.

Frente a este escenario, MORENA tiene una responsabilidad histórica: no solo gobernar, sino dar la batalla política e ideológica. Defender la soberanía no puede quedarse en la diplomacia; debe convertirse en un eje del discurso público.

Hoy la soberanía no es una abstracción ni una consigna cómoda. Es una línea de confrontación política real. Defender el liderazgo presidencial es defender al Estado mexicano.

Este es un momento de definiciones. No hay espacio para la neutralidad disfrazada de análisis. La historia juzgará con claridad. Y también la memoria política.