Una política para el cambio climático

por Agustín Guerrero

Es evidente que el cambio climático se expresa cada vez con mayor puntualidad en nuestro país y particularmente en Puebla. Todos los ecosistemas reflejan sus impactos.  Atrás quedaron esas experiencias de temporadas estables más o menos predecibles del cambio de estaciones, de la temporada de calor, la temporada de lluvias o la temporada de fríos. 

En los años recientes se puede observar que los puntos altos de cada temporada son cada vez más extremos. Así vemos y sufrimos temperaturas muy altas en verano que provocan sequías prolongadas o como es el caso actual, una temporada de lluvias que va más allá del clásico “cordonazo de San Francisco”, provocando inundaciones, deslaves y poniendo en grave riesgo a la población que habita en zonas montañosas.

En las concentraciones urbanas las intensas lluvias han provocado la aparición de cientos, de miles de baches por todo el estado, incluso por todo el país. A tal grado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado un programa nacional para atender este problema una vez que concluya la temporada de lluvias. En el mismo sentido, el gobernador Alejandro Armenta dio a conocer e implementó un programa de bacheo para la zona metropolitana de Puebla. Ha insistido en que el mantenimiento de las vialidades y calles es responsabilidad primera y exclusiva de los gobiernos municipales, pero también comprende el malestar que esto provoca entre la población, así que en coordinación con los municipios se lleva adelante este programa de bacheo intensivo.  Esto es lo inmediato, lo urgente.

Sin embargo, como proyecto político, la Cuarta Transformación debe diseñar una política integral que tenga como objetivo revertir las causas que explican la aceleración del cambio climático y reducir sus impactos negativos en las condiciones de vida de la población. Eso implica alinear los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum es una reconocida científica, experta en temas de medio ambiente y el gobernador, Alejandro Armenta, ha expresado toda su voluntad de acompañar las políticas que desarrolle el gobierno federal.

Para ello, el estado cuenta con una de las leyes más recientes y propositivas a nivel estatal, contenida en la Ley de Cambio Climático del estado de Puebla promulgada por el Congreso local el 8 de agosto de 2023. En ella se incluyen los principios que rigen la normatividad, así como las acciones de adaptación y mitigación que se alinean con las legislaciones nacionales e internacionales.

Un elemento estratégico en la regulación de las condiciones climáticas, tiene que ver con el cuidado y sostenimiento de las Áreas Naturales Protegidas ANP.

El estado cuenta con ocho Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción federal. De jurisdicción estatal, Puebla tiene cinco, que son Tepeyahualco, Cerro Zapotecas, Cerro Colorado, Sierra del Tenzo y el Humedal de Valsequillo, situada en el municipio de Puebla.

La institución responsable de implementar la política ambiental y de cambio climático en el estado es la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y su titular Rebeca Bañuelos Guadarrama.

El primer paso es contar con un diagnóstico de los actos y situaciones sociales que tienen un impacto negativo en el medio ambiente para contenerlos y corregirlos. Entre otros es urgente atender, la deforestación de suelos y su cambio de uso para transformarlos en zonas residenciales o áreas industriales; la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua; la colocación en situación de riego o de extinción de especies vegetales y animales.

Sobre esta base, desplegar una política que recoja las opiniones de las comunidades es fundamental. No se puede ni se debe desdeñar los saberes que sobre el clima y medio ambiente tienen las poblaciones originarias, y mucho menos desconocer sus tradiciones y costumbres en su cosmovisión con la naturaleza. Atender los impactos del cambio climático es parte ya de la agenda para un futuro sustentable. Modificar las condiciones requerirá de mucho tiempo, de muchos recursos, de modificaciones legales

profundas, de impactar intereses privados contrarios al interés de la población, de coordinación institucional efectiva, pero, sobre todo, de voluntad y compromiso de las autoridades de los tres niveles.

Ya no se puede posponer, si lo que queremos es generar las condiciones para que, en los años por venir, nuestras sociedades no vivan condiciones de emergencia terribles que pongan en riesgo la vida de las personas, por asuntos que ahora mismo son previsibles y, por lo tanto, corregibles.

Las 76 personas fallecidas con motivo de las lluvias torrenciales del 8 de octubre, 19 de ellas en Puebla, debe ser motivo suficiente para llevar a cabo un nuevo modelo de prevención de desastres que ponga en el centro la generación de una cultura de alertamiento que hoy no se tiene. Ha costado mucho implementar por ejemplo el sistema de alerta temprana en materia de sismos. Pero sobre inundaciones, incendios, y en el caso de Puebla la explosión volcánica, hay muy poco.

No basta con diseñar y difundir los protocolos, también es importante, llevar a cabo simulacros frecuentes para que la población sepa reaccionar de inmediato y se puedan salvar las vidas.