Ciudad de México.— La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Vivienda, con el objetivo de actualizar su lenguaje y fortalecer el enfoque de derechos humanos en la política habitacional del país. La propuesta fue impulsada por la diputada María del Rosario Orozco Caballero, representante del Distrito 15 de Tehuacán, Puebla.

Con 23 votos a favor, el dictamen plantea sustituir el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, así como cambiar la referencia a “familias” por la de “personas”, en múltiples artículos de la ley. Esta modificación abarca los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 34, 62, 71, 77 y 82.

De acuerdo con Orozco, estas modificaciones representan un cambio de paradigma que trasciende lo meramente semántico. Explicó que el concepto de “vivienda digna y decorosa” es subjetivo y difícil de medir, mientras que “vivienda adecuada” se basa en siete criterios objetivos establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU:

  • Seguridad jurídica de la tenencia
  • Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura
  • Gastos soportables
  • Habitabilidad
  • Asequibilidad
  • Ubicación
  • Adecuación cultural

“Esta iniciativa busca que el derecho humano a la vivienda pueda implementarse con claridad en las políticas públicas, con parámetros verificables que garanticen su cumplimiento”, señaló la legisladora.

Orozco subrayó que la reforma no se trata únicamente de un ajuste de términos, sino una armonización legal que permitirá al Estado mexicano cumplir con compromisos internacionales, especialmente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

La diputada de Morena enfatizó que al adoptar el término “vivienda adecuada”, se está reconociendo una visión más amplia e incluyente, que considera las necesidades reales de todas las personas, sin importar su tipo de hogar o condición social.

Finalmente, aseguró que esta propuesta legislativa es coherente con la Constitución Política, los tratados internacionales y las acciones del Gobierno Federal, lo que permitirá avanzar hacia una política de vivienda más justa, medible y eficiente.

Loading