Congreso de Puebla reduce regidurías a 15

El Congreso del estado de Puebla aprobó la reducción del número de regidurías en el Ayuntamiento de la capital, que pasará de 23 a 15 integrantes a partir del proceso electoral de 2027, como parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”.

La medida fue avalada con 34 votos a favor y seis en contra durante una sesión extraordinaria, en la que se definió una nueva integración de los ayuntamientos que contempla una sindicatura y un máximo de 15 regidurías. Con esta decisión, Puebla se convierte en una de las primeras entidades en armonizar su legislación local con esta reforma.

Desde la mayoría legislativa, diputadas de Morena defendieron el ajuste al señalar que responde a una política de austeridad republicana, orientada a evitar el uso de cargos públicos como espacios de privilegio o beneficio político, y a optimizar el funcionamiento de los gobiernos municipales.

Con la entrada en vigor de esta disposición, el cabildo de Puebla perderá ocho integrantes, lo que representa un cambio estructural en la forma en que se organiza el gobierno local y en la distribución de responsabilidades dentro del Ayuntamiento.

Además, la reforma incorpora nuevas reglas para evitar conflictos de interés en los procesos electorales municipales. Entre ellas, se establece que no podrán competir por la presidencia municipal, regidurías o sindicatura personas que mantengan vínculos de matrimonio, concubinato o unión de hecho con quien ocupe el cargo en disputa. Asimismo, se amplían las restricciones por parentesco hasta el cuarto grado en línea recta y hasta el segundo por afinidad.

Mientras la oposición cuestionó la medida bajo el argumento de que podría reducir la representación política en los cabildos, desde la mayoría se sostuvo que el objetivo es fortalecer la eficiencia del servicio público y evitar estructuras sobredimensionadas que no necesariamente se traducen en mejores resultados para la ciudadanía.

En el ámbito nacional, esta reforma forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a reconfigurar las instituciones electorales y administrativas bajo criterios de austeridad, racionalidad del gasto y combate a prácticas que históricamente han favorecido el uso discrecional del poder.