Gobierno federal revisa pensiones millonarias de exfuncionarios de Pemex y Luz y Fuerza; analizan reforma constitucional

Ciudad de México.— El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que se analiza una reforma constitucional para atender los casos de pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), algunas de las cuales superan incluso el sueldo neto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria calificó estas pensiones como “ofensivas para el pueblo de México”, al provenir de recursos públicos, y llamó a los exfuncionarios beneficiados a acercarse a la dependencia federal para llegar a un acuerdo voluntario que permita ajustar sus pensiones a montos más modestos.

De acuerdo con la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, en el caso de LyFCL se destinan anualmente 28 mil 74 millones de pesos para el pago de pensiones a 14 mil 73 extrabajadores. De ellos, 9 mil 457 reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y 3 mil 504 perciben una jubilación mayor al sueldo de la Jefa del Ejecutivo.

En Pemex, el gasto anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos para 22 mil 316 jubilados, entre los cuales 544 superan las percepciones presidenciales y 618 reciben más que el director general de la empresa.

Ante esta situación, el gobierno federal inició mesas de trabajo interinstitucionales con la Consejería Jurídica, IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE y la Secretaría de Hacienda, con el fin de revisar la legalidad de estos esquemas de jubilación. Además, se actualizarán los padrones de beneficiarios mediante convenios con el Renapo y los registros civiles estatales.

Al mismo tiempo, se lleva a cabo una revisión jurídica y constitucional para fortalecer la supervisión de los expedientes de pensiones y garantizar transparencia en los procesos.

Respecto a la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada en agosto de 2025 en Texas y que involucra a dos exfuncionarios de Pemex por presuntos sobornos, Buenrostro enfatizó que en México habrá cero impunidad. Recordó que Pemex tenía conocimiento del caso desde abril de 2024 y que desde 2020 implementó medidas preventivas y auditorías internas.

Señaló que uno de los implicados, Ramón Alexandro Rovirosa, pertenece al sector privado, mientras que Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones previas a 2018 y fue inhabilitado en Pemex por favorecer contratos con Oceanografía.

El gobierno subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración con la transparencia, el combate a la corrupción y la justicia social, a fin de proteger los recursos públicos y garantizar equidad en el sistema de pensiones.