Ciudad de México. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma a la Ley de Amparo tiene como único objetivo hacer la justicia más expedita y evitar el abuso de este recurso legal sin vulnerar su esencia como defensa de la ciudadanía.  La mandataria defendió el proyecto enviado al Senado, enmarcado dentro de las leyes secundarias que derivan de la reforma constitucional al Poder Judicial publicada en septiembre de 2024.

Foto: Presidencia

Recordó que la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, establece no sólo la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, sino también medidas para evitar procesos judiciales que se prolongan durante décadas. “Lo que se busca es que un juicio mercantil, por ejemplo, no tarde más de seis meses en resolverse”, explicó.

Sheinbaum señaló que, en México, incluso después de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es posible interponer un amparo frente a la ejecución de esa sentencia, situación que calificó como poco común a nivel internacional. “Eso prácticamente no ocurre en otros países. Aquí se pueden amparar frente a una resolución definitiva de la Corte, lo que prolonga los procesos e impide la aplicación plena de la justicia”, puntualizó.

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La mandataria recalcó que la figura del amparo se mantendrá como lo establece la Constitución, al ser un derecho fundamental de los ciudadanos frente a actos de autoridad. Sin embargo, insistió en que se requiere ajustar la legislación para evitar que se convierta en un recurso que retrase indefinidamente la impartición de justicia.

“Lo que es muy importante es que la justicia pueda ser expedita, que no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse del amparo”, afirmó, al destacar que esta es la finalidad de las cuatro leyes secundarias presentadas recientemente, entre ellas la Ley de Amparo.

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Finalmente, Sheinbaum subrayó que será el Congreso el que determine el rumbo de la iniciativa, y reiteró que la intención del Gobierno Federal es fortalecer los derechos ciudadanos, al mismo tiempo que se asegura una impartición de justicia pronta y eficaz.

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