El Gobierno del Estado de Puebla ha reorientado el uso de los recursos públicos para destinarlos directamente al bienestar de la población, afirmó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al destacar que se han dejado atrás prácticas que beneficiaban a intereses particulares.

Durante su participación en la Jornada de Bienestar en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, la funcionaria subrayó que la actual administración, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, ha priorizado la inversión en programas sociales y en esquemas de participación comunitaria.

“Se acabaron los negocios de unos cuantos, para que ese dinero que se gastaba en lo innecesario se invierta ahora en programas como el de Obra Comunitaria”, señaló, al enfatizar que hoy los recursos públicos se destinan a mejorar las condiciones de vida de las familias poblanas.

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En este sentido, explicó que el programa de Obra Comunitaria busca que sean las propias comunidades quienes definan sus prioridades, mediante la conformación de comités vecinales que decidan en qué proyectos invertir, como drenaje, pavimentación, alcantarillado o mejoras en espacios educativos.

Destacó además que este modelo promueve la organización social y la participación ciudadana, estableciendo mecanismos como la integración de una tesorera mujer en los comités, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.

La secretaria reiteró que la instrucción del gobernador ha sido clara: privilegiar el trabajo en territorio por encima de la burocracia, escuchando directamente a la población para atender sus necesidades más urgentes.

Como parte de estos esfuerzos, informó que en San Andrés Azumiatla se han realizado ocho obras comunitarias y la construcción de 33 colectores pluviales, acciones que buscan mejorar la infraestructura y las condiciones de vida en la zona.

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Asimismo, subrayó que estas políticas se alinean con una visión humanista del gobierno, en sintonía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, centrada en poner a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma su compromiso de garantizar que el dinero público regrese al pueblo, mediante programas que promuevan la justicia social, la participación comunitaria y el desarrollo equitativo.

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