Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal dio a conocer una lista de pensiones consideradas “exorbitantes” que reciben exfuncionarios de diversas instituciones públicas, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos de la banca de desarrollo.

La información fue presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con base en registros oficiales publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se detallan nombres y montos de jubilaciones otorgadas a exservidores públicos.

De acuerdo con el análisis, existen pensiones superiores a los 100 mil pesos mensuales, e incluso algunos casos que rebasan el millón de pesos al mes, montos que superan el salario de la propia presidenta de la República.

Entre los nombres que aparecen en el listado figura José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo y exdirector de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien recibe una pensión mensual superior a 120 mil pesos por parte de Nacional Financiera.

Empresas públicas concentran la mayoría de las pensiones elevadas

El reporte del gobierno señala que la mayor parte de las pensiones millonarias se concentran en empresas productivas del Estado y organismos financieros públicos, entre los que destacan:

  • Pemex
  • CFE
  • Nacional Financiera (Nafin)
  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
  • Banrural
  • Luz y Fuerza del Centro, actualmente en proceso de liquidación.

Según el informe oficial, más de 8 mil jubilados reciben ingresos superiores al salario presidencial, mientras que en algunos casos aislados los pagos superan el millón de pesos mensuales.

Gobierno impulsa reforma contra las “pensiones doradas”

La publicación de estos datos forma parte de la discusión pública sobre una reforma para limitar las llamadas “pensiones doradas” dentro del sector público.

La propuesta impulsada por el gobierno federal busca establecer un tope máximo equivalente al 50 % del salario presidencial, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, con el objetivo de eliminar privilegios y destinar los recursos ahorrados a programas sociales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la reducción de estos pagos podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales para el Estado mexicano.

La iniciativa forma parte de la política de austeridad del actual gobierno y continúa generando debate entre legisladores y especialistas sobre la equidad del sistema de pensiones en el sector público.

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