Ciudad de México.— Durante la conferencia matutina del pasado jueves, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que el Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, mantiene una deuda acumulada de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), derivada de 32 litigios activos en distintas instancias del Poder Judicial de la Federación.

Foto: Presidencia

La funcionaria detalló que los casos se encuentran distribuidos en órganos judiciales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Tan solo en la SCJN, se discuten tres asuntos por más de 26 mil millones de pesos, mientras que en tribunales colegiados y el TFJA, las cifras alcanzan 20 mil y 8 mil millones, respectivamente. Otros 13 casos más suman los 20 mil millones restantes.

Galeano García acusó al Grupo Salinas de usar estrategias legales para prolongar indefinidamente los procesos judiciales, lo que calificó como su “modus operandi” para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales. “Incumplen durante los procesos, presentan todos los recursos posibles y, cuando anticipan una resolución desfavorable, recurren a tácticas como recusaciones o nuevos juicios para frenar las decisiones”, señaló.

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Además, la Procuradora lamentó que esta “fuerza corporativa” haya tenido influencia incluso en la SCJN. No obstante, se mostró optimista de que con la renovación del Pleno de la Corte se logren avances. “Son recursos públicos que por más de 16 años no han llegado al pueblo”, enfatizó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de hacer público el caso, señalando que “los impuestos se tienen que pagar, como lo hace cualquier ciudadano”. En alusión a las críticas emitidas por TV Azteca respecto a la reforma judicial, la mandataria aseguró que los ministros “no se van a atrever a fallar contra el pueblo de México” y que Grupo Salinas tendrá que cumplir con sus obligaciones fiscales.

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A pesar de la controversia, el gobierno federal dejó claro que el caso seguirá su curso legal y que la recuperación de los recursos fiscales es prioritaria para garantizar la equidad tributaria y el fortalecimiento de las finanzas públicas.

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