La fractura (hídrica)

por Flavio Ruiz Alarcón

A mediados del pasado mes de abril, durante una de sus cotidianas conferencias matutinas de prensa, la Presidenta de la República anunció la creación de un comité científico, cuyo propósito será evaluar la pertinencia de recurrir a la técnica conocida como “fracturamiento hidráulico”, para explotar cierto tipo de yacimientos no convencionales de nuestro país. Este comité estará bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Las conclusiones del comité serán dadas a conocer alrededor de dos meses después de su constitución.

Ante el anuncio hecho por la Presidenta, recordemos que el fracturamiento hidráulico (usualmente referido con el anglicismo fracking), no está ni legal, ni reglamentariamente prohibido en México. Durante la administración pasada, se tomó la decisión política de inhibir el uso de esta técnica por parte de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, Pemex ya había recurrido a este método de extracción desde hace décadas, cuando las características geológicas de ciertos campos lo ameritaban. De hecho, si alguno de los operadores distintos a Pemex hubiera sometido a la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) un programa de trabajo que implicara el fracturamiento hidráulico, las eventuales objeciones del ente regulador, tendrían que haber sido estrictamente de carácter técnico.

Ahora bien, no estamos ante un posible cambio en la orientación de la política petrolera. La incipiente discusión (esperemos que muy pública, multidisciplinaria, informada, plural e incluyente) versa en torno a la posibilidad de emplear una técnica específica extractiva para incrementar, fundamentalmente, nuestra producción de gas y depender menos de los enormes volúmenes de importación actuales. La seguridad energética (elevada discursivamente a rango de soberanía) se mantiene, con toda razón, como el centro de las políticas públicas en la materia. El uso del fracturamiento hidráulico para incrementar la extracción de gas, sería solo una pieza más del rompecabezas de la seguridad energética, que debe incluir la reducción al mínimo posible de la quema de gas asociado, la eliminación de las fugas de metano, el establecimiento de niveles adecuados de almacenamiento, el aprovechamiento de los condensados como materia prima para la petroquímica, la diversificación de nuestra matriz energética con acento en las fuentes renovables, la consideración de la opción nuclear, etc; en rápido y seguramente incompleto inventario.

Volviendo al fracturamiento hidráulico, podemos identificar dos razones para poner sobre la mesa su eventual utilización intensiva: 1.- la evolución tecnológica en sus aspectos más agresivos con el medio ambiente (consumo de agua, uso de químicos, contaminación de mantos freáticos); 2.- la dependencia tan grande del gas proveniente de Estados Unidos, que nos coloca en una situación de franca vulnerabilidad estratégica. Más allá de las cuestiones eminentemente técnicas que abordará y del estatus institucional que se le ha conferido al comité científico, resulta fundamental para la vida democrática del país, que sus integrantes sean sensibles e interactúen con sectores académicos distintos a los de su propia procedencia, con las organizaciones y actores de la sociedad civil involucrados en el tema desde diferentes perspectivas, con los expertos en las más recientes innovaciones tecnológicas, con los directivos de las empresas que mejor han sabido organizarse en términos técnicos, financieros y corporativos; con las autoridades locales y representantes populares; etc. Esto es necesario porque, como en el caso de cualquier técnica extractiva, es impensable que las conclusiones a las que llegará el comité científico, nos planteen que la técnica es inocua frente al medio ambiente. Seguramente, las conclusiones y recomendaciones irán en el sentido de poner en la balanza los riesgos asociados con los métodos y tecnologías más modernos y eficientes de fracturamiento hidráulico; contra los riesgos asociados a nuestra actual vulnerabilidad estratégica en materia de gas, debido a que importamos más del 70% de lo que consumimos, a nuestra casi nula capacidad de almacenamiento, a la fragilidad de nuestro entramado institucional, a las rigideces propias de nuestra organización industrial y a la lenta evolución de nuestra matriz energética.

La decisión sobre el uso del fracturamiento hidráulico, en un sentido u otro, será responsabilidad del gobierno y necesariamente dará lugar a otras decisiones y medidas que, para ser efectivas y eficientes para apuntalar nuestra seguridad energética, requerirán de la certeza y estabilidad que solo pueden obtenerse con la legitimidad social que da el debate amplio, informado e incluyente.

Al final de cuentas, no se trata solamente de discutir como sociedad, en torno a una técnica extractiva señalada por sus implicaciones medioambientales y sociales. Se trata también, de analizar el diseño institucional, el papel y la estructura corporativa de Pemex en tanto operador nacional, de la acción complementaria de otras empresas, de los modelos contractuales adecuados a esta actividad y del mejor régimen fiscal aplicable para obtener los objetivos de producción. México no solo enfrenta un problema de vulnerabilidad en su abasto de gas: nos encontramos en una encrucijada estratégica de largo plazo. El punto neurálgico de nuestra problemática no estriba únicamente en el volumen de gas que importamos, sino en algo más estructural y profundo: en el hecho de que nuestra seguridad energética reposa en un gas obtenido fuera de nuestras fronteras (usando el fracturamiento hidráulico), una escasa capacidad de almacenamiento y una empresa nacional que no dispone del margen operativo necesario para subsanar esa exposición.

En relación al margen operativo de Pemex, en estas mismas páginas hemos esbozado antes, la persistente confusión institucional que se manifiesta entre la gobernanza sectorial y la administración de nuestra petrolera. Conviene precisar que la gobernanza tiene que ver con quién define las políticas públicas, fija sus objetivos, distribuye responsabilidades y establece contrapesos. La administración de la empresa ejecuta las directrices, toma las decisiones operativas y responde por los resultados.

Cuando ambas funciones se mezclan, la empresa deja de operar como tal y termina absorbiendo presiones administrativas, fiscales y políticas. Ese es uno de los problemas centrales de Pemex: no es un problema de personas, es el colapso mismo de la capacidad operativa y de gestión.

Pemex no necesita menos presencia del Estado.Necesita una separación más rigurosa entre la dirección estratégica de la Secretaría de Energía y la administración operativa de la empresa. Cuando cualquier empresa pública pierde su espacio propio de conducción estratégica y se convierte en prolongación administrativa del gobierno, no solo pierde eficiencia, sino que también pierde la capacidad de corregir las malas decisiones del Estado. En el ámbito latinoamericano, el caso de PDVSA es muy elocuente. Cuando el ministerio y la operadora se fusionaron en una sola jefatura —como ocurrió en noviembre de 2004 con Rafael Ramírez, simultáneamente al frente del Ministerio de Energía y de PDVSA—, la empresa dejó de funcionar como ente técnico del Estado y se volvió una prolongación política del gobierno. La gobernanza colapsó y ya no hubo separación entre quien fijaba la política y quien debía ejecutarla y responder por los resultados. La lección tras los resultados de esta decisión, no es difícil de obtener: una empresa nacional sin autonomía no fortalece a la soberanía; sino que la debilita.

El reto que tenemos enfrente como país, más allá de la utilización del fracturamiemto hidráulico para incrementar la extracción de hidrocarburos, es el de lograr un diseño institucional que conjugue adecuadamente el papel del Estado, nuestra empresa pública y otras operadoras, en el objetivo de hacer realidad la seguridad energética de México.