Productores Nacionales de Refrescos y empleos en riesgo por impuesto perverso y no progresivo de Hacienda.

por Joaquín H. Vela

Esta semana tuve la oportunidad de asistir al Foro IEPS BEBIDAS SABORIZADAS 2027 CONSTITUCIONALIDAD. Convocado por diversos productores nacionales de refrescos a quienes la Diputada Magdalena Núñez ha dado voz y ha coincidido en presentar una iniciativa de ley que propone importantes cambios al artículo 2o de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En él se trataron temas relevantes que intentaré de desarrollar muy brevemente en este artículo:

La Coca Cola (FEMSA, principalmente) y Pepsico, empresas con origen de capital transnacional y que actualmente actúan en sociedad con parte de la concentrada oligarquía nacional, controlan el 85% del mercado nacional de bebidas saborizadas en el país. Estas bebidas son gravadas con un impuesto de carácter extrafiscal dentro de la denominación de los Impuestos Especiales de Producción y Servicios (IEPS). La justificación para imponer este impuesto se basa en modificar conductas de consumo y proteger la salud pública.

El tema central del debate es que el diseño actual del impuesto es fallido, porque su cobro de cuota fija por litro favorece a las grandes empresas, debido a que no cumple cabalmente los principios de la progresividad, que establece que los que más ganan, deben pagar más y guardar una proporción adecuada.
El principio de cuota fija establece una regla de aportación igual entre desiguales.

El objetivo de cobro de este impuesto de destinar estos montos a resarcir los gastos que realiza el Estado en atender a estos enfermos, que genera el consumo de estos productos. No obstante, persisten cuestionamientos legítimos respecto a la trazabilidad,
transparencia y destino efectivo de dichos recursos, particularmente en lo relativo a programas de prevención,
acceso a agua potable, educación nutricional y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. Hacienda no ha destinado estos montos a la salud, cuyo presupuesto no ha aumentado, ya que este durante los últimos años ha disminuido en lugar de crecer.

En la exposición de motivos de dicha iniciativa se señala que “La carga fiscal es inequitativa, debido a que, mientras que en una bebida de precio elevado el IEPS representa apenas un 8.2% del valor de compra, en las bebidas económicas —fundamentales en el consumo de familias con menores recursos— la carga fiscal se dispara hasta un 22.59%. Evidencia empírica basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y estudios sobre gasto relativo confirman que el 62% de la recaudación total de este impuesto proviene de los hogares con ingresos más bajos. Esta
estructura tributaria viola la Progresividad Social, al obligar a quienes menos tienen a destinar una proporción mayor de su ingreso disponible al pago del impuesto, contraviniendo el principio de no regresión y el derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 1º CPEUM)….El modelo actual de cuota fija actúa como una barrera que distorsiona el Mercado, favoreciendo la concentración de este en las empresas dominantes (Coca-Cola y Pepsi), las cuales tienen mayor capacidad para absorber el impacto porcentual del tributo frente a las marcas nacionales y cooperativas. ”

Este duopolio vende, por un lado, 5 veces más que su competidor directo, esto es debido a la brecha de
volumen de ventas entre el Sistema Coca-Cola y PepsiCo en territorio mexicano. Mientras Coca-Cola tiene
una penetración de mercado cercana al 70%, PepsiCo se sitúa en un rango de entre el 13% y 15%; y por otro
lado, 23 veces más que su competidor pequeño o marcas regionales (como Red Cola de Cott, Big Cola de
AJEMEX o marcas de nicho locales). Indica que por cada 23 refrescos del líder que se consumen, solo se
compra 1 de una marca independiente, reflejando así las barreras a la entrada por la red de distribución masiva de las dos gigantes.

Para dimensionar adecuadamente el peso de “la industria de bebidas saborizadas es un pilar estratégico que representa el 5.10% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero nacional. En 2025, el valor nominal de producción de este sector alcanzó los $1.426
billones de pesos, evidenciando su peso en la economía mexicana. A pesar de la magnitud de esta industria,
la riqueza generada no se redistribuye equitativamente en el territorio nacional con la fuga de capitales por
importación de insumos y repatriación de utilidades a las marcas que otorgan las franquicias. Esto se debe a
que las empresas trasnacionales y sus principales embotelladores (como el sistema Coca-Cola y PepsiCo)
capturan la mayor parte del valor, repatriando utilidades hacia sus matrices en el extranjero, lo que debilita el mercado interno.”

Por otro lado, la crisis en el Sector Cañero y Agrícola que provoca el impuesto actual, no diferencia entre el
azúcar de caña nacional y el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF) importado, lo que ha desplazado al
campo mexicano. Esta “injusticia estructural” afecta directamente a más de 190,000 familias cañeras que
enfrentan pobreza rural y abandono del campo debido a la preferencia de la industria por insumos foráneos
más económicos.

Estos ahorros traen otros efectos negativos, porque las grandes empresas están sustrayendo el uso de azúcar natural, por un producto industrial denominado alta fructuosa obtenida del maíz transgénico amarillo que se consume de manera preferente en EUA. Este edulcorante contiene el almidón obtenido del maíz que se transforma en fructosa, a la que se añaden enzimas y otros químicos que se presume, son cancerígenas. Es decir aparte de desplazar a la producción de azúcar nacional, se le añaden componentes químicos, que aparte de ser importados y afectar nuestra balanza comercial, ponen en gran riesgo la salud de todos los mexicanos.

Estos consorcios, además, haciendo uso de prácticas desleales como el dumping, han quebrado pequeñas empresas y algunas de ellas ahora ya son parte de sus activos: como: Jarritos, Yoli de Acapulco y Penafiel.

“En conclusión, el incremento lineal de la cuota fija —que ha pasado de $1.00 en 2014 a una propuesta de $3.0818
por litro para 2026— no resuelve la falla estructural del impuesto, sino que agrava la regresividad y la injusticia fiscal y social con los productores nacionales y con el pueblo trabajador que es el que paga ese impuesto”

Un analisis crítico sobre este aumento del 300% del impuesto aprobados para el año de 2026, es que este generó
efectos negativas para el desarrollo de la industria refresquera de origen nacional. Se dio una cadena continua de quiebras y cierres de plantas, afectando con ello el empleo y los ingresos de los trabajadores. Las pérdidas han sido devastadoras. Las cooperativas, artesanos y en general el sector social de la economía, junto con las pequeñas y medianas empresas refresqueras han sido las principales afectados.

El año pasado cuando se aprobó el aumento del impuesto, la Presidenta declaró que se iba buscar salvar a empresas como la Cooperativa Pascual, que eran producto de luchas históricas. Sin embargo pasó el año y nada y ahora para 2027 se mantiene por parte de Hacienda la misma propuesta de cuota fija.

La propuesta correctiva que se plantea en la iniciativa mencionada es la siguiente: “La aplicación de la tasa general del 20% y el estímulo fiscal del 50% — equivalente a una tasa del 10% — a favor de los beneficiarios, tiene por objeto corregir las distorsiones derivadas de la concentración de mercado y fomentar la libre concurrencia.
La Secretaría de Economía,supervisará que no se ejecuten prácticas depredatorias o barreras a la entrada que inhiban el crecimiento de las marcas nacionales y cooperativas beneficiarias del trato diferenciado.

Se aplicará una tasa del 20% sobre el valor de la enajenación o importación por el productor, antes de cualquier otro impuesto, para la totalidad de las bebidas saborizadas que contengan cualquier tipo de azúcares o edulcorantes añadidos. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos
de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.”

Por todas estas razones: de carácter económico, social y políticamente en favor de la población, se plantea como de urgencia el tema de realizar estos cambios en el diseño del IEPS.

velagj@economia.unam.mx